Por Erika Arteaga
(Movimiento por la Salud de los Pueblos Latinoamérica- PHM)

El Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CIDESC) en su artículo 12 narra:“Para el presente convenio, los Estados miembros reconocen el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”.  (CIDESC como lo cita Movimiento por la Salud de los Pueblos MSP–PHM-, 2006, pag 9)
 
El Comentario General 14 del CIDESC especifica la conveniencia de tener una legislación nacional sobre el Derecho a la Salud y estipula que los Estados deberían “adoptar una política nacional de salud con un plan detallado  para garantizar el Derecho a la Salud” y  “garantizar la provisión de la atención a la salud ….[e] igual acceso para todos los determinantes de salud subyacentes, tales como seguridad alimentaria nutricional y agua potable para beber, higiene sanitaria básica y condiciones adecuadas de vivienda y de vida”. (CIDESC como lo cita MSP–PHM-, 2006, pag 9)
 
Bajo ese paraguas, la Constitución de 2008 – fruto de un gran esfuerzo colectivo y de demandas de décadas de activistas, campesinas/os, indígenas, afroecuatorianas/os, feministas, expertas/os, profesionales de la salud, y demás actores movilizados-  logró concretar en lo nacional, las obligaciones suscritas en lo internacional. Nuestra Constitución está en la vanguardia mundial respecto de la garantía del Derecho a la Salud. Solo como ejemplo tres artículos importantes (énfasis añadido):

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El Derecho a la Salud en el Sistema Nacional de Salud


Publicado: 29-05-2012

Por Erika Arteaga
(Movimiento por la Salud de los Pueblos Latinoamérica- PHM)

El Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CIDESC) en su artículo 12 narra:“Para el presente convenio, los Estados miembros reconocen el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”.  (CIDESC como lo cita Movimiento por la Salud de los Pueblos MSP–PHM-, 2006, pag 9)
 
El Comentario General 14 del CIDESC especifica la conveniencia de tener una legislación nacional sobre el Derecho a la Salud y estipula que los Estados deberían “adoptar una política nacional de salud con un plan detallado  para garantizar el Derecho a la Salud” y  “garantizar la provisión de la atención a la salud ….[e] igual acceso para todos los determinantes de salud subyacentes, tales como seguridad alimentaria nutricional y agua potable para beber, higiene sanitaria básica y condiciones adecuadas de vivienda y de vida”. (CIDESC como lo cita MSP–PHM-, 2006, pag 9)
 
Bajo ese paraguas, la Constitución de 2008 – fruto de un gran esfuerzo colectivo y de demandas de décadas de activistas, campesinas/os, indígenas, afroecuatorianas/os, feministas, expertas/os, profesionales de la salud, y demás actores movilizados-  logró concretar en lo nacional, las obligaciones suscritas en lo internacional. Nuestra Constitución está en la vanguardia mundial respecto de la garantía del Derecho a la Salud. Solo como ejemplo tres artículos importantes (énfasis añadido):

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.
Art. 358.- El sistema nacional de saludtendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.
Art. 359.-El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.
 
En resumen, el derecho a la salud: “abarca más que el derecho a los bienes que factibilizan la atención curativa adecuada…la vigencia del derecho a una vida saludable se vincula a la vigencia de otros derechos del buen vivir”  (Breilh J.,  2010)
 
Según Breilh, la lógica ordenadora de un verdadero derecho a la salud basado en la sustentabilidad tiene que ver con un régimen económico centrado en la vida, con un régimen político que promueva la conducción pública social con participación creativa, informada, independiente (énfasis añadido); con un régimen cultural que trascienda la visión androcéntrica hacia una interculturalidad contrahegemónica y con una relación con la Naturaleza que se centre en la vida y refleje los Derechos de la Pachamama (Breilh J.,  2010).
 
La participación de la población general en la toma de decisiones relacionada a la salud es un aspecto importante del derecho a la salud. Todos los individuos y grupos- con énfasis en la promoción de la participación de las mujeres- deben involucrarse en la toma de decisiones acerca de las políticas de salud y deben tener la oportunidad de hacer reclamos acerca de los efectos negativos de las leyes y políticas. (CIDESC y CEDAW como lo cita MSP –PHM-, 2006, pag 28)
 
Sin embargo, la participación en el Sistema Nacional de Salud –como pilar del ejercicio del derecho a la Salud- deja mucho que desear en Ecuador. Siguiendo la guía de la Campaña por el Derecho a la Salud del MSP-PHM, se puede verificar que quienes participan en el desarrollo e implementación de las políticas y programas de salud no reflejan la variedad de criterios de la sociedad[1], ni se refleja la inclusión a la que la Constitución hace referencia (ej: Consejos Cantonales de Salud y Consejo Nacional de Salud debilitados,  centralización de decisiones en el Ejecutivo, falta de mecanismos de participación que no se encuentren influenciados fuertemente por el Ejecutivo como en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia desmovilizados,etc ).
 
De este modo, la defensa del derecho a la salud se traduce en la defensa del agua[2], defensa de la soberanía agraria, alimentaria y energética y la exigencia de una verdadera reforma agraria[3], la defensa de la equidad de género, entre otras demandas que no son tomadas en cuenta ni por los Ministerios de las ramas indicadas, ni por el Ministerio de Coordinación de la Política Social, ni por la Autoridad Sanitaria Nacional ni por el Sistema Nacional de Salud.
 
Aunque se podría decir que la oferta de servicios de salud en el país se ha mejorado –incrementos del 171% en el número de consultas del 2006 al 2010 (Costales, 2011) - en base a la oferta de servicios públicos y de servicios privados con fondos públicos en una nueva forma de direccionar fondos públicos a bolsillos privados[4]- esa oferta resulta insuficiente.   A la hora de acceder a condones, a la píldora del día después, de acceder a tratamiento para el cáncer en la Amazonía –cáncer producido por los derrames de petróleo (Hurtig & San Sebastián, 2004,  San Sebastián, 2000)-,  a medicamentos para HIV, de prevenir el dengue, prevenir la rabia selvática, prevenir la muerte materno-neonatal, esa gran oferta de servicios de salud se vuelve insuficiente. 
 
Lo que es más, aun si se implementara la APS familiar, comunitaria e intercultural, los esfuerzos serian en vano si los derrames de petróleo, las aguas contaminadas por la minería, los agrotóxicos de las grandes agroindustrias y demás resultantes de la primarización de la economía ecuatoriana en un modelo de desarrollo extractivista (Machado, 2012), continúan afectando la salud de las comunidades rurales, urbano marginales, indígenas[5], afro y mestizas del país.
 
Si queremos cambiar la realidad del país en cuanto al derecho a la salud  se debe apoyar las demandas de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones campesinas e indígenas, rurales y urbano marginales que,  aunque tienen preocupaciones puntuales como la reforma agraria y la soberanía alimentaria[6], los derechos de las mujeres, el derecho al consentimiento previo de las actividades extractivas en los territorios; ellas son perfectamente relacionables y se incluyen en el Derecho a la Salud.  En lugar de esperar que la gente se movilice por el derecho a la salud, vale la pena rescatar el derecho a la salud en todos los ámbitos en los que los pueblos y las organizaciones están luchando (Rovere M., 2011).
 
Rescatar la defensa del derecho a la salud en las luchas por la soberanía alimentaria, por la defensa de los derechos de las mujeres campesinas organizadas, por la salud sexual y la salud reproductiva, por el agua, por el aire, por la Amazonía, por una reforma agraria justa y necesaria, por los derechos de los pueblos indígenas y afro, entre otras, es fundamental para la transformación y el salto de un modelo de desarrollo hacia el SUMAK KAWSAY[7]con el que hemos soñado.
 
Breilh, J. (2010).  Seminario de Consolidación Metodológica, Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad: Paradigmas y 10 Tesis. Presentación en PowerPoint. Agosto 2010.
 
Movimiento por la Salud de los Pueblos PHM- MSP. (2006).  Evaluación del Derecho a la Salud y a la Atención de Salud a Nivel País: Una Guía del Movimiento por la Salud de los Pueblos.  Descargado el 04/02/2012 de: www.phmovement.org
 
Rovere, M. (2011).  El contexto latinoamericano, condicionante y determinante de la salud.  Moderación/ Relatoría en Primer Congreso Latinoamericano de Salud: Determinantes Sociales y Participación Ciudadana. La Paz. Bolivia: 28, 29, 30 y 31 de Marzo. 
Machado D. (2012).Las élites económicas: Los verdaderos beneficiarios del gobierno de Correa.  Descargado el 23/02/2012 de:http://www.rebelion.org/docs/145047.pdf.
Andrango Luis. (2011). Presentación de la Propuesta de Ley de Tierras. Congreso de las Organizaciones por la Tierra, el Agua y la Revolución Agraria. 12 de Octubre. Quito.
Maldonado L. (2011). El Sumak Kawsay como Alternativa al Desarrollo.  Escuela de Gobierno y Polìticas Pùblicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.  Presentación Power Point.  Diciembre 2011.
Kuang Yao, Erlien & Bilsborrow, (2010) Morbidity and mortality disparities among colonist and indigenous populations in the Ecuadorian Amazon. Social Science and Medicine 2010; 70(3):401-411.
Costales P. (2011). Modelo de Atención Integral en Salud: MAIS Enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural. Presentación en el 4to Encuentro Andino de Salud fos. Accedido el 29/02/2012 de:http://www.slideshare.net/fos_andes/
Hurtig & San Sebastián, 2004, Incidence of Childhood Leukemia and Oil Exploitation in theAmazon Basin of Ecuador, International Journal of Occupational and Environmental Health, 2004 Jul-Sep; 10(3):245-50.
San Sebastián, 2000. Informe Yana Curi: Impactos de la actividad petrolera en poblaciones rurales de la Amazonia Ecuatoriana. Instituto de Epidemiología y salud comunitaria “Manuel Amunarriz”. Coca, 2000
Molina M.  “Silent Means to Privatize Healthcare Services of the Ecuadorian Social Security”. (November, 2010)
Declaratoria de Yantzaza y Nangaritza. Accedido el 13/02/2012 de:
http://www.zamoraonline.net/archives/2010/12/13/lunes-dic-lunes-13-noche-2/

 


[1]Usualmente la participación en gabinetes intersectoriales y en coaliciones de defensa de la democracia está limitada a las coincidencias en pensamiento con el régimen.
[2]Encuentro del Agua y Pachamama. Cuenca 2011.  Convocatoria a la marcha por el Agua en marzo 2012  por la Coordinadora Plurinacional de Izquierda en base a los acuerdos realizados en Yantzaza.
[3]Andrango, L.Discurso del Presidente de la FENOCIN en el Congreso de las Organizaciones por la Tierra, el Agua, y la Revolución Agraria. 12 de Octubre de 2011. “Iniciamos la Ruta por la Tierra para que tengamos una Nueva Ley de Tierras y Enfrentemos la injusticia en el Campo”
[4]Molina M.  “Silent Means to Privatize Healthcare Services of the Ecuadorian Social Security”. (November, 2010)
[5]Estudios actuales demuestran una probabilidad de mortalidad mayor (30% más) en poblaciones indígenas de la Amazonía  Norte del Ecuador comparado con la mortalidad en mestizos colonos de la región. Los patrones de uso de la tierra que son evidencia de diferentes apreciaciones culturales en el uso y explotación de los recursos así como en la adquisición de recursos económicos son un factor para que los grupos indígenas estudiados tengan un 63% más incidencia de morbilidad comparada con sus pares colono-mestizos.  (Kuang Yao, Erlien & Bilsborrow, 2010)
[6]Demandas importantes impulsada por organizaciones campesinas, indígenas y negras con una base social no únicamente indígena y en la verdadera dimensión de la interculturalidad como la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN).
[7]SUMAK KAWSAY: una forma de existencia plena, equilibrada, armónica, modesta que se alcanza colectivamente, en base al cultivo de las relaciones de reciprocidad con todos los seres vivos (Maldonado L., 2011)
 
Por Erika Arteaga
(Movimiento por la Salud de los Pueblos Latinoamérica- PHM)

El Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CIDESC) en su artículo 12 narra:“Para el presente convenio, los Estados miembros reconocen el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”.  (CIDESC como lo cita Movimiento por la Salud de los Pueblos MSP–PHM-, 2006, pag 9)
 
El Comentario General 14 del CIDESC especifica la conveniencia de tener una legislación nacional sobre el Derecho a la Salud y estipula que los Estados deberían “adoptar una política nacional de salud con un plan detallado  para garantizar el Derecho a la Salud” y  “garantizar la provisión de la atención a la salud ….[e] igual acceso para todos los determinantes de salud subyacentes, tales como seguridad alimentaria nutricional y agua potable para beber, higiene sanitaria básica y condiciones adecuadas de vivienda y de vida”. (CIDESC como lo cita MSP–PHM-, 2006, pag 9)
 
Bajo ese paraguas, la Constitución de 2008 – fruto de un gran esfuerzo colectivo y de demandas de décadas de activistas, campesinas/os, indígenas, afroecuatorianas/os, feministas, expertas/os, profesionales de la salud, y demás actores movilizados-  logró concretar en lo nacional, las obligaciones suscritas en lo internacional. Nuestra Constitución está en la vanguardia mundial respecto de la garantía del Derecho a la Salud. Solo como ejemplo tres artículos importantes (énfasis añadido):

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